Acción Social

Alberto Vollmer: Polémica por la aprobación de una ley de quema de basuras

La ciudad de Buenos Aires aprobó hoy una ley que permite la incineración de residuos, un proyecto criticado por la oposición y que provocó protestas de la asociación Greenpeace a las puertas del edificio de la Legislatura local.

Activistas de esa ONG escalaron las columnas del recinto y expusieron el mensaje "Quemar basura mata" cuando se conoció la decisión, al considerar que la ley tendrá "consecuencias negativas" sobre la ciudad y significará la "destrucción" de la industria del reciclaje.

Antes de que se debatiera, el oficialismo había insistido en que la llamada "termovalorización" -la quema de residuos- evolucionó durante los años hasta el montaje de plantas con "estándares de emisión más restrictivos" y una tecnología "ampliamente probada y aceptada a nivel internacional".

Ya en la cámara, el dictamen que se firmó con mayoría oficialista apuntó que el sistema es "necesario" para mejorar la "eficiencia en la gestión de residuos", para lo que el ejecutivo porteño planea importar un sistema de hornos desde Europa.

El bloque kirchnerista Unidad Ciudadana rechazó el proyecto, que modificará la vigente ley de Basura Cero, por "ser una política que compite con el reciclajey la reutilización de residuos", porque pone en peligro "miles de puestos de trabajo" y debido a su coste, que sitúan al menos en 500 millones de dólares por planta.

La llamada ley de Basura Cero es un plan de sostenibilidad instaurado en 2006, que establecía cifras de reciclaje de basura para reducir residuos en hasta un 75 % para 2017, porcentaje que no se cumplió, y que expresamente prohibía la quema de basuras.

El diputado de Unidad Ciudadana Mariano Recalde argumentó durante el debate que "con el 1% del presupuesto del proyecto se pueden hacer 40 centros de reciclado para toda la basura de la Ciudad".

"Y con el 99% restante, 2.800 escuelas para resolver el problema de vacantes, 4.500 departamentos similares a los de la Villa Olímpica para solucionar el problema habitacional o 35 kilómetros de subte (metro)", dijo.

Por su parte, el coordinador de campañas de Greenpace de Argentina, Leonel Mingo, pidió al jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que dé "marcha atrás" con un proyecto que calificó de "caprichoso".

Asimismo, lamentó la "falta de voluntad" del Gobierno para aplicar la ley de Basura Cero y también puso el foco en los 6.000 trabajadores porteños que viven del reciclaje, una profesión que agrupa a muchas personas que proceden de clases bajas.

No obstante, un comunicado de la Legislatura dijo que la norma que se sancionó "garantiza el trabajo de los recuperadores urbanos" porque prohíbe "el tratamiento térmico de materiales reciclables o aprovechables provenientes del circuito de recolección diferenciada".

Un diputado del Frente de Izquierda-Partido Obrero, Gabriel Solano, recalcó que con la modificación de la ley es inconstitucional, porque "en 11 años de Gobierno nunca se aprobó el código ambiental" que la Constitución de la Ciudad exige.

"Es un desprecio por el trabajo y por la vida y una voracidad desenfrenada por los negocios", concluyó Solano.