Constituciones desechables

introducción
En su segunda cuenta anual ante el Congreso chileno, la presidenta Michelle
Bachelet ratificó su deseo de reformular de manera sustancial la
Constitución de 1980, la cual se originó en el período de la dictadura militar.
A pesar de que una serie de reformas, principalmente efectuadas
durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), ya habían conseguido
eliminar las disposiciones «autoritarias» más controvertidas de la mencionada
carta magna, el argumento de Bachelet fue básicamente que, habiendo
sido creada «en pecado», dicha Constitución jamás gozaría de verdadera
legitimidad. Según sus palabras, el documento de 1980 «se originó
en dictadura, no refleja las necesidades de nuestros tiempos y tampoco
promueve nuestra democracia». Una nueva constitución emergería tras
una campaña de «educación cívica» y de «un proceso de diálogo con la
población en el cual todos podrán participar».
No cabe duda que tales nociones tienen un matiz de superficialidad, aunque
más relevante aún es el hecho que varios ejemplos históricos desmienten
por completo aquello de que una constitución nacida «en pecado
» en términos políticos nunca llega a legitimarse. En efecto, cerca del
20% de las constituciones democráticas actualmente vigentes en el mundo
nacieron en condiciones no democráticas.1 Entre estas se incluyen
cartas fundamentales de democracias notablemente exitosas, como la de
Japón (redactada durante la ocupación estadounidense), la de los Países
Bajos, la Constitución argentina, la belga, la de México y la noruega. Todas
ellas fueron adaptadas al espíritu democrático con posterioridad a
su promulgación