Capitulo Cuatro

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La parte del pueblo de Yucatán que ha nacido libre no posee el «derecho inalienable» de su libertad. Son libres sólo a condición de llegar a ser prósperos, pero si una familia, no importa lo virtuosa, lo digna o lo cultivada que sea, cae en el infortunio de que sus padres contraigan una deuda y no puedan
pagarla, toda ella está expuesta a pasar al dominio de un henequenero.
Por medio de las deudas, los esclavos que mueren son reemplazados por los infortunados asalariados de las ciudades. El servicio por deudas, en forma más moderna que en Yucatán, existe en todo México y se llama peonaje.
Bajo este sistema, las autoridades policíacas de todas partes reconocen el derecho de un propietario para apoderarse corporalmente de un trabajador que esté en
deuda con él, y obligarlo a trabajar hasta que salde la deuda. Naturalmente, una vez que el patrón puede obligar al obrero a trabajar, también puede imponerle las condiciones del trabajo, lo cual significa que éstas sean tales que nunca permitirán al deudor liberarse de su deuda. Tal es el «peonaje» como existe por todo
México.
La esclavitud es el peonaje llevado a su último extremo, y la razón de que así exista en Yucatán reside en que, mientras en algunas otras zonas de México una parte de los intereses dominantes se opone al «peonaje» y, en consecuencia, ejerce cierta influencia que en la práctica lo modifica, en Yucatán todos los interesados que dominan la situación se dedican a la explotación del
henequén, y cuanto más barato es el obrero, mayores son las utilidades para todos.
Así, el peón se convierte en un esclavo. Los «reyes del henequén» tratan de disculpar su sistema de esclavitud denominándolo «servicio forzoso por
deudas». La pretensión de los «reyes del henequén» de mantenerse dentro de la ley carece de fundamento. En la República, todos nacen libres.
Los esclavos que entren al territorio nacional recobran, por ese solo hecho, su libertad, y tienen el derecho a la protección de las leyes. De este modo, el negocio
de los esclavos en Yucatán, llámese como se le llame, siempre resulta inconstitucional.
Por otra parte, si se va a tomar como ley la política del actual gobierno, el negocio de la esclavitud en México es legal. En ese sentido, los «reyes del henequén» obedecen la ley.
Cualquiera que sea su conclusión, acertada o errónea, no cambiará ni bien ni mal la lastimosa miseria en que encontré a los peones de las haciendas henequeneras
de Yucatán. Las mujeres son obligadas a casarse con hombres de la misma finca, y algunas veces, con ciertos individuos que no son de su agrado. En realidad, toda la
vida de esta gente está sujeta al capricho de un amo, y si éste quiere matarlos, puede hacerlo impunemente. La policía, los agentes del ministerio público y los jueces saben exactamente lo que se espera de ellos, pues son nombrados en sus puestos por los mismos propietarios.

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