MICHOACAN: Narco-Estado

Michoacan

Por sus amplias comunicaciones marítimas y terrestres que lo conectan con el Golfo de México y el Océano Pacífico, así como por sus tierras fértiles para el cultivo de amapola y mariguana, Michoacán se convirtió en el territorio más codiciado por los cárteles de la droga. Sus capos, además, supieron estrechar lazos con cuerpos policiacos, alcaldes, regidores y síndicos para garantizarse impunidad.

A partir del secuestro de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, investigador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y cuyo cadáver fue encontrado al mes siguiente en Michoacán, el estado atrajo la atención internacional.

Aquel año, “Kiki” Camarena y Alfredo Zavala, piloto mexicano adscrito a la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) desaparecieron. Sus restos fueron localizados el 6 de marzo en las inmediaciones del rancho El Mareño, en Michoacán. La DEA aseguró que los narcotraficantes Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo fueron los autores de las ejecuciones. Los dos cuerpos estaban enterrados y con huellas visibles de que habían sido torturados.

Este caso evidenció las debilidades del gobierno mexicano y del entonces procurador general de la República, Sergio García Ramírez: John Gavin, embajador de Estados Unidos acreditado en México, no sólo regañó a las autoridades mexicanas encargadas de la lucha contra las drogas por su “ineficacia”, sino que, violando el protocolo diplomático, dio información que se desconocía en nuestro país.

“75 jefes importantes controlan el narcotráfico en México, 18 bandas lo manejan; 38% de la heroína que entra en Estados Unidos proviene de este país, operan en México 30 agentes de la DEA que desarrollan la Operación Padrino; la corrupción de funcionarios y policías impide el éxito de las campañas antinarcóticos”, dijo públicamente Gavin.

Incluso aseguró que Caro Quintero logró escapar de Guadalajara por la “ineptitud” de los agentes federales y la “connivencia” de agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) (Proceso 436).

Esta fue la primera vez que un gobernador, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, protestó por la violación a la soberanía de su estado. Se quejó porque, dijo, el 2 de marzo de ese año, 100 agentes del grupo Águila de la Policía Judicial Federal, auxiliados por elementos de la de Jalisco, irrumpieron –sin notificar a las autoridades locales– en el rancho El Mareño en busca de los dos desaparecidos. El enfrentamiento a balazos durante una hora y media con los habitantes dejó cinco muertos.

Aquella ocasión, según el comandante Alfonso Velázquez Hernández, fue el capo Miguel Ángel Félix Gallardo quien les dio la pista a los agentes para la localización de los cuerpos de Camarena y Zavala. Según Velázquez Hernández, lo hizo a cambio de protección policiaca; incluso pagó 7 millones de pesos.

De ese dinero, el propio Velázquez Hernández entregó 5 millones a Armando Pavón Reyes, comandante encargado del grupo Águila, consignó el reportero Miguel Cabildo en la edición 463 de Proceso.

Ramiro Valdés, dirigente del Consejo Nacional Cardenista en Michoacán, aseguró que el 60% de las tierras ya se dedicaba al cultivo de mariguana y amapola. De hecho, dijo en aquella ocasión, las cosechas competían ventajosamente con el aguacate, el principal cultivo local. El estado era ya una ruta estratégica en el trasiego de enervantes.

El despliegue militar

Tres años después, en abril de 1988, durante el gobierno de Luis Martínez Villicaña, el municipio de Uruapan, era uno de los centros de operación más importantes de la campaña contra el narcotráfico, que supervisaban agentes de la DEA.

A su vez, el Ejército puso en marcha la operación Saturno en varios estados de la República, pero con énfasis en Michoacán; desplegó a 20 mil 407 soldados. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Juan Arévalo Gardoqui, admitió que el narcotráfico era un “problema de Estado”.