Las posiciones legalizadoras (también llamadas descriminalizadoras) de la prostitución surgen como una crítica, por un lado, a las concepciones de base del regulacionismo, el cual trata a la prostitución como un "mal menor", del que la mejor salida para que cause el menor daño posible es regularlo, pero sin ayudar a desestigmatizarlo o a acabar con el estigma puta; y por el otro, a sus consecuencias laborales, en tanto los legalizadores tienden a acusar al regulacionismo de favorecer los intereses del empresariado por encima de los de los y las trabajadoras sexuales, al considerar de hecho a estos y estas últimas como clase obrera.
El modelo de Nueva Zelanda suele ser el referente legal de las organizaciones legalizadoras. La legalización pro-derechos es defendida por sindicatos y colectivos profesionales de prostitutas en los cinco continentes, incluyendo a "AMMAR" en Argentina, al sindicato "OTRAS" en España, a la "Asociación Nacional se las prostitutas de Nigeria", al "Comité Durbar Mahila Samanwaya" en la India, a "EMPOWER" en Tailandia o a "la Alianza Escarlata" en Australia.
