El gobierno de Salvador Allende entró en el corazón y en la memoria del
pueblo chileno porque siempre tuvo en el centro de sus preocupaciones los
intereses de los obreros, de los campesinos, de los pequeños y medianos empre-
sarios, de los pueblos originarios, de las madres y sus hijos, de los jubilados y
pensionados, de la gente sencilla, postergada y maltratada. Se formó para eso y
por eso se confabularon contra él los que se consideran amos y dueños del país.
Desde el primer día demostró que era distinto. Empezó, como es natural,
por constituir su gabinete ministerial, con la particularidad de que cuatro obreros
ocuparon importantes carteras, por primera vez en la historia de Chile. Ellos
fueron Américo Zorrilla, en Hacienda; José Oyarce, en Trabajo y Previsión So-
cial; Pascual Barraza, en Obras Públicas, y Carlos Cortés en Vivienda, comunistas
los tres primeros y el cuarto socialista. El resto de los ministros eran maestros,
empleados y profesionales. Ellos fueron: José Tohá, en Interior (PS); Clodomiro
Almeyda en RR.EE (PS); Alejandro Ríos Valdivia, en Defensa (PR); Jacques
Chonchol, en Agricultura (MAPU); Orlando Cantuarias, en Minería (PR); Pedro
Vuscovic, en Economía (independiente); Lisandro Cruz Ponce, en Justicia (PS);
Óscar Jiménez, en Salubridad (PR); Mario Astorga, en Educación (PR); Humberto
Martones, en Tierras (PSD); Jaime Suárez, en la Secretaría general de Gobierno
(PS) y Gonzalo Martner, en la Oficina de Planificación (Independiente).
En la primera reunión de su gabinete, Allende señaló las normas de auste-
ridad a las que deberían estar sujetos los ministros y todos los funcionarios
designados por él. Una de ellas fue la fijación de un máximo de 20 sueldos vitales
en la Administración Pública, empezando por el sueldo del Presidente, la renun-
cia a los "pitutos" y el uso racional y justificado de los autos fiscales, limitado a las
actividades propias de las funciones públicas de cada cual, con prohibición ex-
presa de ser usado los fines de semanas para asuntos personales.
Se redujeron los viáticos de 80 a 15 dólares para todos los funcionarios
públicos que salieran al extranjero en comisión de servicio.
La honestidad fue una de las características del Gobierno Popular. Todos
los anuncios que hizo la Junta Militar, acerca de que tales o cuales ministros,
parlamentarios y altos funcionarios tenían en su poder, cuando fueron deteni-
dos, miles de dólares y millones de escudos, fueron miserables calumnias. La
dictadura se empeñó en investigar sus haberes y hasta su vida privada en busca
de hechos de corrupción que les permitiera denigrarlos. A Isla Dawson3
mandó,
incluso, a un abogado de Impuestos Internos, Jaime Figueroa, que durante va-
rios días se dedicó a interrogar, uno por uno, a los personeros del gobierno y de
la Unidad Popular que estábamos allí. Llegó muy altanero y retornó a Santiago
con la cola entre las piernas. No pudo formularle a ninguno la más mínima
acusación de deshonestidad.
Las primeras medidas adoptadas marcaron también el carácter del go-
bierno de la Unidad Popular. Sin mayores trámites, procedió a reincorporar a los
obreros y empleados despedidos por conflictos del trabajo en la Línea Aérea
Nacional y de la Empresa Nacional de Minería; suprimió los reajustes CORVI
(Corporación de la Vivienda); retiró de la Contraloría más de 20 decretos de
alzas de precios, derogó el alza de las tarifas eléctricas que hacía pocos días se
había puesto en práctica con la autorización del gobierno de Eduardo Frei, esta-
bleció la gratuidad de la atención médica en postas y policlínicas, disolvió el
"Grupo Móvil" de Carabineros, de carácter abiertamente represivo; indultó a 43
presos políticos, la mayoría miembros del MIR; terminó con las entradas libera-
das al Estadio Nacional para parlamentarios y autoridades de gobierno, eliminó
el oneroso gasto que significaba la vieja costumbre de cubrir las principales
salas de los ministerios, intendencias, gobernaciones y servicios públicos con
retratos del Presidente de la República (costumbre que restableció la dictadura y
continúa hasta ahora).
