En marzo de 1971, con la firma del Presidente Allende y de sus minis-
tros Jacques Chonchol y Humberto Mariones, entró al Congreso Nacional un
proyecto a favor del pueblo mapuche. Un año y medio más tarde, el 15 de
septiembre de 1972, se convirtió en la Ley 17.729. Aunque el proyecto fue mo-
dificado y desmejorado por el Parlamento, en el cual la Unidad Popular no
tenía mayoría, la ley aprobada fue particularmente significativa para nuestro
pueblo originario. Como señalara en 1999 la Coordinadora Mapuche Arauco-
Malleco, "recogía muchas de las aspiraciones que le fueron presentadas (al
Gobierno) por el propio movimiento mapuche en múltiples reuniones, (y) en-
tre sus principales aportes se encontraba el reconocimiento de la existencia de
tierras usurpadas y el establecimiento de los mecanismos mediante los cuales se
procedería a su restitución5
".
En la Novena Región se intensificó especialmente la Reforma Agraria,
para cuyo efecto el ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, trabajó en terre-
no durante cierto tiempo. Se restituyeron a los mapuches 70 mil hectáreas
usurpadas por los terratenientes, se crearon 37 cooperativas de producción
agrícola en las comunidades de Malleco y Cautín y numerosas cooperativas
de artesanos a las cuales el INDAP les compraba su producción a precio justo.
Se incorporaron al proceso de reforma agraria 370 familias mapuches de Cautín,
importante cantidad si tenemos presente que el gobierno de Eduardo Frei
Montalva sólo incorporó 60. En 1973 se otorgaron 17 mil becas para estudian-
tes mapuches desde el cuarto grado primario hasta la universidad; se
organizaron centros de alfabetización que lograron contar con 27 mil alumnos
de ambos sexos, que habían empezado a leer y escribir en ese período. Se
crearon 70 postas de primeros auxilios en las comunidades, en conjunto con el
Servicio Nacional de Salud y se fundó la Corporación de Desarrollo Indígena.
La Ley 17.729 contempló, además de la recuperación de las tierras usur-
padas por los terratenientes, la formación voluntaria de comunidades
cooperativas de producción, y creó el Instituto de Desarrollo Indígena, que tenía
como misión formar centros educacionales de carácter politécnico para los hijos
de los mapuches, promover la enseñanza del mapudungún en las escuelas ubi-
cadas en las comunidades o cerca de ellas, defender las tradiciones culturales
de nuestros aborígenes y entregar becas a los jóvenes para su ingreso a las
universidades. El Instituto de Desarrollo Indígena se propuso también crear un
hospital central y postas de primeros auxilios en las comunidades, formando a
la vez personal médico y paramédico mapuche, tarea que no alcanzó a cumplir
a causa del golpe del 11 de septiembre.
La Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco reconoció las realizaciones
del Gobierno Popular. En su informe del año 1999 dice expresamente: "El
gobierno de Salvador Allende fue la primera oportunidad real que tuvieron los
mapuches para solucionar la difícil situación de marginación política, social
y territorial que les afectaba desde la pérdida de su independencia". Añade
que "a partir del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende y del
inicio de la dictadura militar, la mayoría de las tierras entregadas al pueblo
mapuche fueron devueltas a sus antiguos propietarios o sacadas a remate
público". Mediante el Decreto-Ley 2.568 del año 1979 la dictadura impuso
una vuelta atrás, derogó la Ley dictada durante el Gobierno de la Unidad popular y dio luz verde a la subdivisión de las comunidades. Añade la Coor-
dinadora que después de la dictadura surgió en los mapuches "la esperanza
de que el nuevo régimen democrático trajera consigo un cuadro de garantías,
de derechos y de libertades políticas más favorable para las reivindicaciones
históricas de nuestro pueblo. En un comienzo, todo parecía indicar hacia esa
dirección. El año 1989, el entonces candidato presidencial de la Concertación
de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin Azocar, se comprometió for-
malmente, con los dirigentes mapuches en la ciudad de Nueva Imperial a
legislar durante su gobierno en favor del desarrollo y la libertad de los pueblos
indígenas y a establecer nuevas formas de relación entre ellos y el Estado
chileno. El mismo compromiso estipulaba, entre otras cosas, que el nuevo go-
bierno reconocería mediante un proyecto de reforma constitucional a los
mapuches y demás pueblos indígenas como sujetos específicos al interior del
país; esto es, como entidades jurídico-políticas que existen como tales al inte-
rior del Estado y a las cuales les corresponden no sólo los derechos de los
ciudadanos, sino que también los derechos de los pueblos que se encuentran
consignados en diversos instrumentos jurídicos internacionales, tales como el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los
pueblos indígenas y tribales en países independientes, y los Pactos de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas". Y a continuación afirma que la Ley Indíge-
na 19.253, dictada en octubre de 1993, definió "al pueblo mapuche como una
etnia con ciertos derechos menores, pero sin la posibilidad de escoger libre y
soberanamente su destino... (y) .lo que es aún más preocupante, (después) se ha
producido un resurgimiento de las violaciones de derechos humanos en contra
de los mapuches por parte del Estado. (...) Dirigentes de comunidades que man-
tienen disputas territoriales con empresas forestales y de organizaciones que
reclaman por la autonomía política de nuestro pueblo han sido particularmente
perseguidos y encarcelados. La mayoría de ellos están siendo juzgados por
tribunales militares y acusados de delitos violentos mediante montajes
incriminatorios, pruebas fraudulentas, testigos sin rostro o confesiones obteni-
das por medio de la tortura u otras formas de malos tratos".
Los mapuche s tienen su propia lengua -e l mapudungún-, sus
vernaculares expresiones artísticas -musicales y artesanales-, sus vestimentas,
sus cementerios, sus tótem, sus costumbres ancestrales. El vocablo mapuche está
compuesto de dos palabras, mapu que significa tierra y che, gente. La naturaleza, la
tierra son, para el mapuche, parte de su vida y de su espiritualidad. Su razón de
ser y de existir en el mundo viene de su tierra, donde crece el canelo, su árbol
sagrado, y donde abunda el pehuén (la araucaria) que les ofrece el alimento
diario, el piñón, que es como el pan de cada día. Reúnen todos los requisitos
para ser reconocidos como minoría nacional.
La forma en que el pueblo mapuche ejerza su derecho a su autonomía
dentro del Estado de Chile y lo que en este terreno corresponda hacer en relación
a los rapanuís y los aimarás, deben ser considerados y convenidos con estos
pueblos y etnias originarios. Lo que no pueden hacer los gobernantes es seguir
ignorándolos y menos continuar tratando a nuestros compatriotas mapuches
como delincuentes y terroristas, persiguiéndolos y encarcelándolos, todo ello
con el respaldo de Endesa, la hidroeléctrica española, y de las grandes empresas
madereras, varias de ellas multinacionales, que hoy ocupan las tierras donde
nacieron y se criaron los hijos de Lautaro y Caupolicán, tierras que cada día son
invadidas por el pino insigne, cuyo monocultivo provoca un empobrecimiento
en la biodiversidad y en la disponibilidad de alimentos que desde tiempos
inmemoriales son parte del consumo de nuestros aborígenes.
