La reforma agraria era una de las transformaciones más necesarias y
apremiantes que imponía la situación del país, pues la producción agrícola sólo
crecía, desde mediados de los años treinta, a una tasa anual del 2%, en tanto que
en el mismo período la población lo hacía en un 2,6%. Más aún, entre 1955 y
1965, la producción agrícola per cápita había descendido en los rubros más
importantes. La de trigo había bajado de 164 a 146 kilos por habitante; la de
arroz, de 13,6 a 9,5 kilos; la de papas, de 102 a 78 kilos; la de porotos de 11,7 a 9,5
kilos; la de leche de 101 a 94 litros. También había bajado la disponibilidad de
carnes, de 30 a 20 kilos per cápita, comprendida la de bovino que había tenido el
mayor descenso. En estas condiciones, el país tenía que importar alimentos en
cantidades cada vez mayores. En 1936 se importaron alimentos y materias pri-
mas derivadas de la agricultura por un valor de 52 millones de dólares. En 1965,
veintinueve años más tarde, el coste de esta importación fue del orden de los 152
millones de esa misma moneda.
Para remediar esta situación, el Parlamento aprobó, en enero de 1967,
por iniciativa del Presidente Eduardo Frei Montalva, una ley de reforma agra-
ria que contó con el apoyo de los partidos de izquierda y tuvo una tenaz
oposición de la derecha.
El gobierno de Frei inició la reforma agraria. Expropió 3 millones 557 mil
hectáreas en tres años y diez meses.
Completar la reforma y elevar y modernizar la producción agrícola fue-
ron dos de las más grandes tareas, vitales y apremiantes, que encaró con firmeza
y celeridad el gobierno de Allende. Sólo en los primeros 5 meses de su gestión
expropió 350 fundos con más de 1 millón 50 mil hectáreas. Puso fin al latifundio
en 1972 luego de haber expropiado 5 millones 355 mil 223 hectáreas, casi el
doble de lo que había hecho el gobierno anterior.
Del total de hectáreas expropiadas durante el gobierno de la Unidad
Popular, 1 millón 273 mil 493 eran de riego y secano arable y 4 millones 81 mil
736 hectáreas de secano no arable, apto para la ganadería y para ciertas explo-
taciones forestales y hoy hasta para viñedos y plantaciones de árboles frutales
con riego tecnificado -también llamado por goteo- en el norte chico y en la
zona central.
Por ser Chile un país que tiene distintas zonas climáticas y tierras de
diferentes calidades, no se podía establecer en la ley la misma cantidad de
hectáreas para determinar qué haciendas debían expropiarse, cuales no y qué
cantidad de hectáreas debían quedar en manos del latifundista expropiado. En
base a un estudio que realizó el Ministerio de Agricultura durante el gobierno de
Eduardo Frei Montalva, teniendo en cuenta la productividad de los terrenos, se
fijaron las equivalencias correspondientes a partir de una hectárea de tierra de
riego del valle del río Maipo y se determinó la expropiación de los latifundios
que, hechas las equivalencias, tuvieran extensiones superiores a 80 hectáreas
de riego del valle mencionado.
En dicho estudio se había calculado la productividad de una hectárea de
tierra aledaña al río Maipo, tierra de buena calidad, con regadío, no trabajada
con la pala y el azadón simplemente, sino con los medios y técnicas más avan-
zados de ese tiempo. En la zona central o en otras regiones del país y con mayor
razón en la precordillera o en la costa, había que reunir por lo general centena-
res de hectáreas, según fuera la calidad del terreno, para que en conjunto pudieran
tener un rendimiento superior al de las 80 hectáreas del valle del río Maipo,
donde se siembra y cosecha todo el año, se cultivan hortalizas todo el tiempo y se
tienen árboles frutales que son más rentables. En consecuencia, el patrón de las
80 hectáreas de tierra de la zona del Maipo era muy alto, generoso para los
latifundistas y atentatorio a los intereses de los campesinos, pues con él no se
alcanzaría a darles tierra a las 100 mil familias del agro que formalmente tenían
derecho a recibirla. Así lo expusieron, tanto en la Cámara baja como en el Sena-
do, los parlamentarios del Frente de Acción Popular, FRAP (la coalición de
izquierda que existía cuando se discutió y aprobó la ley) y propusieron que el
límite de las 80 hectáreas fuera reducido a 40. Jacques Chonchol y otros demó-
cratas cristianos eran de esta misma opinión. Pero el hecho es que en este punto,
la derecha, que rechazaba la totalidad del proyecto, apoyó a la Democracia
Cristiana y así salió la ley. Entre paréntesis, las cuentas que sacó el Ministerio de
Agricultura para determinar el tamaño de las haciendas que no se expropiarían
desde Ñuble al sur fueron todavía más favorables para los latifundistas.
Cuando ya estaba por completarse la reforma agraria a mediados de agosto
de 1972, se habían beneficiado directamente 70 mil familias campesinas. Veinte
mil 978 habían recibido tierra durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y 33
mil 948 durante el gobierno de Allende, quedando más de 30 mil familias sin tierra
o con muy poca tierra. Previendo esta situación, en una reunión que en enero de
ese año celebró en El Arrayán el Comité Nacional de la Unidad Popular con el
Presidente de la República y algunos de sus ministros, se acordó preparar un
nuevo proyecto de reforma agraria para rebajar a 40 el límite de las 80 hectáreas.
Pero el proyecto ni siquiera alcanzó a elaborarse pues, a esa altura del tiempo, no
había ninguna posibilidad de que el Parlamento lo aprobara.
La supresión de la propiedad latifundista y su reemplazo por la de los
propios trabajadores del agro no fue una tarea fácil, tanto menos cuanto que el
campesinado había estado sometido al atraso y al analfabetismo por generacio-
nes, la Democracia Cristiana había llevado al campo el paralelismo sindical y no
pocas veces los partidos de la Unidad Popular tomaban sus decisiones sobre
problemas del mundo rural en las oficinas de la ciudad, al margen de la realidad.
De otra parte, ni los Asentamientos ni los Centros de Reforma Agraria,
contemplados en la ley y formados durante los gobierno de Frei y Allende, satis-
facían plenamente a los campesinos. No constituían las formas más adecuadas
de organización del sector reformado. Además, los campesinos no aceptaban
que los excedentes de su producción fueran a un fondo común ni que el derecho
a talaje se fijara inflexiblemente, como estaba reglamentado de acuerdo con la
ley Y tenían razón, pues era funesto imponerles normas que van contra sus
intereses y también contra los intereses nacionales. Las fallas principales no
estaban en los campesinos, sino en nosotros mismos, que seguíamos considerando
que la reforma agraria era una tarea de los trabajadores del campo y de las
instituciones del agro, en circunstancias que era una tarea nacional, de todo el
país, de todo el pueblo y, en primer lugar, de la clase obrera del campo y de la
ciudad. En relación a todo esto tampoco hubo un criterio único, ni durante el
gobierno de Frei ni bajo el gobierno de Allende. Además, existían diferentes
opiniones en cuanto a las formas de propiedad. Para algunos había que entre-
gar la tierra a los campesinos en propiedad individual y otros estaban porque
ello se hiciera como propiedad cooperativa. Al mismo tiempo, se consideraba
que en algunos casos la tierra expropiada debía pasar a manos del Estado,
cuando se trataba, por ejemplo, de grandes extensiones de bosques. El
ideologismo a ultranza llevaba a algunos dirigentes políticos y sindicales, com-
prendidos funcionarios del agro, a optar por una de estas formas de propiedad,
cerrándose a considerarlas, a todas ellas, coexistentes de acuerdo con la reali-
dad. Estas discrepancias no impidieron la obra gruesa de la reforma agraria,
pero no dejaron de entrabar los esfuerzos que se realizaban en su favor y en
alguna medida obstaculizaron una mayor entrega y participación de los campe-
sinos en todas las tareas que apuntaban a la transformación del campo y al
pleno éxito del gobierno.
A pesar de las dificultades y complejidades, el gobierno de la Unidad
Popular completó el proceso de reforma agraria, hecho que constituyó un cam-
bio histórico en el régimen de tenencia de la tierra y que implicó, de pasada, la
eliminación del inquilinaje y otras reminiscencias de tipo feudal que aún se
mantenían en pie. Tal fue uno de sus grandes méritos.
En el período de 1971-1972, con la mayor parte de la tierra cultivable ya
en poder de los campesinos, se sembraron 1 millón 294 mil 740 hectáreas. En el
período siguiente se observó una disminución en la superficie sembrada por
retraso en la entrega de tractores, de semillas y fertilizantes y por factores
climáticos que afectaron fundamentalmente la siembra de trigo de invierno. En
cambio, en 1973 aumentaron todas las siembras de invierno y especialmente las
de trigo, que se expandieron en 23 mil hectáreas. En este período se alcanzó la
mayor cantidad de hectáreas sembradas en toda la historia del país. De este
modo, la producción agrícola de 1974 creció en un 26,7% -hasta entonces tam-
bién la más grande de la historia-, gracias a la reforma agraria y al esfuerzo de
los campesinos y de los técnicos del Gobierno Popular y no debido al gobierno
militar, como sostuvieron desvergonzadamente algunos corifeos del régimen
castrense. En la ampliación del área sembrada jugó también su papel la impor-
tación de 10 mil tractores en los años 1971 y 1972, con lo cual el parque de estas
máquinas pasó de 12 mil a 22 mil, o sea, creció en un 80%. Esos tractores fueron
traídos de la Unión Soviética, de Rumania y Checoslovaquia.
Durante el gobierno de la Unidad Popular se duplicó la superficie
forestal que se plantaba anualmente. Se registraron 54 mil hectáreas planta-
das como promedio anual entre 1971 y 1973. Las 56 mil de bosques que se
plantaron en 1974 fueron también fruto del gobierno de Allende. Éste eligió
los lugares para reforestarlas y firmó con la gente dueña de la tierra los
convenios para hacer las plantaciones. Eran hectáreas para reforestación de
fundos no expropiados.
La cuestión agraria es lo más complejo en toda revolución. Terminar con
el latifundio es lo primero, pero no es todo. En la transformación del campo
chileno influían múltiples factores y problemas. Además del apoyo de los cam-
pesinos se requería disponer de semillas de calidad y en cantidades suficientes,
de maquinaria agrícola, del necesario transporte, de silos y bodegas para el
almacenaje de los productos, de suficiente capacidad de carga y descarga en los
puertos, de una extensa red de frigoríficos, de una política adecuada de crédi-
tos, de una buena investigación tecnológica y de educación técnica de los
trabajadores del campo.
Desde comienzo de la década del sesenta creció extraordinariamente la
organización sindical en el campo. En 1962 los campesinos sindicados apenas
alcanzaban a los 5 mil. En 1964 cuando asumió Eduardo Frei existían 24 sindi-
catos agrarios con mil 700 afiliados. En 1969, ya en marcha la reforma agraria y
con la ley de sindicalización campesina dictada en 1967, habían 421 sindicatos
con 104 mil 700 afiliados. A finales del gobierno de Allende los campesinos
sindicalizados eran del orden de los 300 mil.
Había que apoyarse más en la organización de los trabajadores agrícolas.
Con tal propósito, el 17 de noviembre de 1970, por decreto del Presidente Allen-
de, fue creado el Consejo Nacional Campesino, en calidad de órgano consultivo
dependiente del Ministerio de Agricultura. Su objetivo consistía en impulsar la
participación activa de los campesinos para la realización de los cambios en el
campo y ayudar a la CORA en la determinación de la política agraria, en la
distribución de créditos, en la asignación y realización de la producción. Del
Consejo Nacional Campesino formaron parte representantes de las más gran-
des organizaciones de trabajadores del campo, a saber "Libertad", "Triunfo
Campesino" y "Ranquil" , las dos primera s de ellas dirigidas por
democratacristianos. También participaron organizaciones de pequeños y me-
dianos agricultores y el Consejo de la Confederación Nacional de Asentados y
Cooperativas Campesinas. Filiales del Consejo Nacional Campesino fueron crea-
das en todas las provincias.
Existían también 200 mil propietarios de predios agrícolas de no más
de 40 hectáreas. El Gobierno Popular extendió hacia ellos la ayuda crediticia.
Pero esta era insuficiente. Había que prestarles más apoyo en créditos, ampliar
los poderes de compra de sus productos evitando que cayeran en manos de los
intermediarios, desarrollar proyectos que apuntaran a diversificar y aumen-
tar su producción, asegurándoles precios realmente remunerativos y, a la vez,
había que darles plena seguridad de inexpropiabilidad de sus tierras, derro-
tando la incertidumbre que cundía en ellos a raíz de las tomas de predios
pequeños y medianos y de la campaña de la derecha contra el gobierno.
En el desarrollo de la agricultura en el período de la Unidad Popular
tuvieron especial importancia la Empresa Nacional de Semillas, ENS; la Empre-
sa de Comercio Agrícola, ECA; la Sociedad de Comercio Agropecuario,
SOCOAGRO; la Sociedad de Comercio de la Reforma Agraria, SOCORA, y la
Empresa Nacional Avícola, EN AVI.
La Empresa Nacional de Semillas, ENS, tuvo un desarrollo acorde con
la magnitud, la profundidad y la rapidez con que se llevaba a cabo la reforma
agraria. Crecieron extraordinariamente los volúmenes de producción de semi-
llas de las diferentes especies y variedades. La disponibilidad de semillas de
frijoles pasó de 13 mil quintales en el período 1970-1971 a 61 mil en el período
72-73, la de arroz pasó de 12 mil a 48 mil, la de trigo de 400 mil a 900 mil y la de
papas de 75 mil a 170 mil quintales, todo esto en el mismo período. Estos
aumentos espectaculares en la disponibilidad de semillas se lograron gracias
a contratos con propietarios agrícolas y a la producción directa de antiguas
haciendas expropiadas que fueron transferidas a la Empresa Nacional de Se-
millas. Particularmente exitosos fueron también los aumentos logrados en el
caso de las especies forrajeras como la semilla de alfalfa cuya disponibilidad
aumentó en un 100%.
Cuando se inició el gobierno de la Unidad Popular la producción de aves
estaba lejos de satisfacer el consumo. Para resolver este problema se decidió
otorgarles créditos del Banco del Estado a los productores avícolas y se creó la
Empresa Nacional Avícola, EN AVI, al amparo de la CORFO. Una de las prime-
ras firmas intervenidas fue la avícola "Purina", situada cerca de La Calera,
cuyos propietarios, norteamericanos, la habían cerrado a raíz de un conflicto
con sus trabajadores. A través de "Purina" el estado garantizó a los productores
de aves la entrega de alimentos y el uso del matadero donde iban los pequeños
avicultores a faenar sus pollos. En tanto se constituyó la ENAVI ésta abrió sus
puertas a la incorporación voluntaria de pequeños productores privados. En
una primera etapa se incorporaron principalmente cooperativas campesinas de
Colchagua y O'Higgins, entre ellas la Cooperativa de Marchigüe y la Cooperati-
va La Estrella.La producción de maíz era insuficiente, debido a lo cual la Empresa de
Comercio Agrícola tuvo que importar grandes cantidades de este grano.
La idea era alcanzar una producción de 60 millones de pollos. Al momen-
to del golpe militar el país ya estaba produciendo más de 40 millones.
En los años 71 y 72 la Empresa de Comercio Agrícola importó 150 mil
reproductoras broiler, ponedoras. Esta fue, en esos años, la importación más
grande de reproductoras realizada a nivel mundial. Las reproductoras pasaron
a manos de los campesinos integrados a las distintas cooperativas.
Cuba hizo una donación espectacular: obsequió una cantidad significa-
tiva de pies de cría, de los que nadie se desprende, pues se trata de líneas puras
para producir reproductores machos y hembras. Cuando se vio la posibilidad
de traer mil 500 reproductoras de Inglaterra que nos pudieran asegurar una
independencia de reproductoras broiler y posteriormente de pollos, se supo que
cada pie de cría costaba mil dólares.
Con el propósito de aumentar la producción y mejorar la tecnología se
iban a traer un par de complejos búlgaros, que se iban a instalar en la zona de
Melipilla. Dichos complejos tenían un sistema de producción de aves con am-
bientes controlados. Pero esta idea no se alcanzó a materializar por el golpe.
Resumiendo, la Empresa Nacional Avícola tuvo grandes éxitos en el au-
mento de la producción de aves y, además, logró una mejor distribución de estos
productos empezando por el gran Santiago. En esta empresa trabajó, con des-
bordante entusiasmo y competencia mi hijo Alberto, ingeniero agrónomo, quien,
siempre bromista se autocalificaba "ministro de los pollos".
A inicios del gobierno de la Unidad Popular el consumo de pollos en los
sectores altos de la población era de alrededor de 10,2 kilos de carne de pollo por
habitante al año, en tanto que en lugares como Pudahuel, San Miguel y otros no
llegaba a más de 2 kilos por habitante al año. Esto cambió apreciablemente
durante el gobierno de Allende.
SOCO AGRO, empresa filial de CORFO, cuya función consistía en el control
de los mataderos modernos que habían sido construidos con ayuda norteamerica-
na, controlaba también la comercialización de la carne. Logró, además establecer un
sistema de comercialización con los medianos ganaderos y agricultores.
En el período 1971-1973 se amplió el tipo de productos comercializados,
incorporando a éstos fruta fresca y deshidratada, además de frijoles y algas.
Esta ampliación comprendió el mercado externo. Durante el Gobierno Popular
SOCORA logró exportar volúmenes cuyos valores representaron aproximada-
mente un tercio del total de las exportaciones agrícolas del país.
El gobierno de la Unidad Popular tuvo como ministro de Agricultura a
Jacques Chonchol, del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), quien
fuera connotado militante de la Democracia Cristiana y director del Instituto Na-
cional de Desarrollo Campesino durante el gobierno de Frei, y a Rolando Calderón,
socialista, dirigente obrero y campesino. Por breve tiempo Pedro Hidalgo reem-
plazó a Calderón y Jaime Tohá a Hidalgo. Al frente de la Corporación de la Reforma
Agraria, CORA, estuvieron el ingeniero agrónomo David Baytelman y el Médico
veterinario Hugo Díaz, quienes implementaron la aplicación de la ley, expro-
piando todos los latifundios de más de 80 hectáreas de riego básico, fortaleciendo
los Asentamientos, los CERAS y las Estancias Estatales. Junto a los ministros y
funcionarios del agro trabajaron en la implementación de la reforma agraria y
en la batalla por el aumento de la producción decenas y decenas de modestos y
valiosos dirigentes, en especial miembros de los Partidos Comunista y Socialis-
ta, que a lo largo de los años se habían especializado en el trabajo con los
campesinos, ayudándolos sobre todo en el terreno de la organización. Entre
ellos estaban Jacinto Nazal, Bernardo Araya, César Cerda, Luis Alberto Peña, de
la Comisión Agraria del PC; José Campusano, Enrique Avendaño, Manuel
Vargas, Sergio Villalobos y Ulises Araya.
La dictadura se empeñó en revertir el proceso de la reforma agraria. Dejó
nulas todas aquellas expropiaciones que tenían trámites legales pendientes. Al
que le faltara el más mínimo trámite se anulaba la expropiación y se devolvía la
tierra a sus antiguos propietarios. Formó comisiones liquidadoras de las coope-
rativas para quitarles la tierra a los campesinos cooperados, afectando
especialmente las expropiaciones realizadas durante el gobierno de Eduardo
Frei Montalva. Además, puso en venta las más grandes cooperativas, entre otras
la Topocalma, de 7 mil hectáreas, y la Ñuble Rupanco, de 47 mil hectáreas, que
pasó a manos de un ricachón árabe. En una de estas operaciones obtuvo pin-
gües ganancias Julio Ponce Lerou, en ese tiempo yerno de Pinochet.
La dictadura suprimió también los créditos especiales del Banco del Esta-
do para incentivar la producción campesina. Sin apoyo estatal muchos
campesinos favorecidos por la reforma se vieron obligados a vender la tierra que
habían conquistado y algunos, como sucedió en Paine y en Chiu-Chiu, fueron
perseguidos y hasta salvajemente ultimados.
No obstante, el edificio del arcaico sistema del latifundio semifeudal no
se pudo reconstruir tal cual era ayer y la agricultura chilena entró a una etapa
de modernización de tipo capitalista. La agroindustria que existe hoy es con-
secuencia de la Reforma Agraria que puso fin al latifundio improductivo y
remolón. Desgraciadamente, está en manos de un grupo de grandes capitalis-
tas nacionales y extranjeros, que se enriquecen cada día más con la fruticultura
explotando inhumanamente a los trabajadores del campo y de las aldeas cam-
pesinas, especialmente a las mujeres, las temporeras, que ganan salarios
miserables en jornadas de sol a sol como en los peores tiempos del latifundio,
expuestas a enfermedades provocadas por el uso de los insecticidas, tres de
los cuales -lindano, paquart y paration- pertenecen a la llamada "docena
sucia" y están prohibidos en el mundo desarrollado. Algunas veces, a causa
de estos insecticidas las temporeras se enferman de cáncer o dan a luz hijos
con deformaciones.
