La preocupación central del Gobierno Popular, su objetivo supremo, no
era otro que el de terminar con la pobreza, el atraso y la desigualdad sociales, y
lograr que todos los habitantes de nuestra tierra pudieran disfrutar de los bienes
de la naturaleza, de los avances de la ciencia y de la técnica, del trabajo del
conjunto de la sociedad. Por eso fue mucho más allá de las medidas que de
inmediato podía adoptar y adoptó; entró a poner las riquezas nacionales al
servicio de todos los chilenos y a terminar con los grandes monopolios, llevando
a la práctica las transformaciones de fondo contempladas en el Programa de la
Unidad Popular.
Con esta orientación tomó el toro por las astas desde el primer instante.
La nacionalización del cobre fue la transformación más importante, vital,
histórica, acometida por el Gobierno Popular. El proyecto respectivo que, para
tal fin, se envió al Parlamento con la firma del Presidente de la República y la de
su ministro de Minería, el radical Orlando Cantuarias, se convirtió en breve
tiempo en una reforma constitucional convenida con la Democracia Cristiana.
El proyecto se conoció primero en la Comisión de Minería del Senado, donde la
posición del Ejecutivo se dio a través del abogado Eduardo Novoa Montreal y de
Sergio Insunza, también abogado y Subsecretario general de Gobierno. La parti-
cipación que en la Comisión de Minería tuvo su Presidente, Renán Fuentealba,
senador democratacristiano "fue -me dijo Insunza- particularmente notable".
La ley de nacionalización del cobre -subrayó- "fue la ley de oro del gobierno;
nada hicimos mejor que eso".
Fue presentado al Parlamento el 22 de diciembre de 1970, aprobado en
abril de 1971 por amplia mayoría en la Cámara y en el Senado y ratificado 60
días después, el 16 de julio, por la unanimidad de los diputados y senadores que
concurrieron a la reunión del Congreso Pleno. La derecha no se atrevió entonces
a oponerse a tan patriótica exigencia.
El abogado independiente Eduardo Novoa Montreal, que fue cercano cola-
borador de Allende en todo lo que tuvo que ver con la nacionalización del cobre, dice
en su libro Chile en la Legalidad que la Ley 17.450 que en 1971 permitió recuperar
para el país su principal riqueza extractiva, "consagra constitucionalmente la
nacionalización como un medio de recuperar o adquirir para el Estado riquezas
naturales básicas y elementos para explotarlas, mediante el pago de una indemni-
zación que se ajuste a las posibilidades financieras de la nación " y, a la vez,
"permite deducir de la indemnización que llegue a pagarse las 'rentabilidades
excesivas' que hubieran obtenido esas entidades (las empresas extranjeras) en
años anteriores".
Como las ganancias excesivas que habían obtenido las grandes empresas
del cobre Anaconda y la Kennecott, propietarias de "Chuquicamata", "El Salva-
dor" y "El Teniente" eran muy superiores al valor de las indemnizaciones que
habría de pagárseles, el gobierno de la Unidad Popular, conforme a la ley, no les
dio un solo peso. La ley había establecido el 12% como límite razonable de las
utilidades, y las empresas mencionadas excedían en mucho ese margen. Sólo fue
indemnizada la "Compañía Minera Andina" con 4 millones 800 mil dólares.
"Las utilidades que habían obtenido en el transcurso de los últimos 15
años algunas de las empresas nacionalizadas eran tan excesivas -dijo el Presi-
dente Allende en la Asamblea general de las Naciones Unidas en diciembre de
1972- que al aplicárseles como límite de utilidad razonable el 12% anual, esas
empresas fueron afectadas por devoluciones de significación. Tal es el caso, por
ejemplo, de una filial de Anaconda Company que, entre 1955 y 1970, obtuvo en
Chile una utilidad promedio del 21,3% anual sobre su valor de libro, mientras las
utilidades de Anaconda en otros países alcanzaban sólo un 3,6% al año". Y a
continuación mencionó a la "filial de Kennecott Copper Corporation que, en el
mismo período, obtuvo en Chile una utilidad promedio del 52% anual, llegando
en algunos años a utilidades tan increíbles como el 100% en 1967, el 115% en 1968
y más del 200% en 1969", mientras "el promedio de las utilidades de la Kennecott
en otros países alcanzaba, en la misma época, a menos del 10% anual".
La producción de cobre de la gran minería, que fue en 1970 de 541 mil
toneladas, subió en 1971 a 571 mil, a 593 mil toneladas en 1972 y a 615 mil en
1973. En los tres años aumentó en casi un 20%.
La nacionalización del cobre le permitió a Chile disponer de cuantiosos
recursos financieros. Gonzalo Martner afirma en su libro El Gobierno del Presidente
Salvador Allende que desde 1972 hasta 1985 Chile obtuvo 20 mil seiscientos millo-
nes de dólares que quedaron íntegramente en beneficio del país.
En los años 60, el 70% del valor de las exportaciones correspondía al
cobre. En 1971 el precio del cobre fue de 64 centavos de dólar la libra, bajando al
año siguiente a 49 centavos.
Según Max Nolf, quien fuera el primer vicepresidente de CODELCO, Chile
produjo 700 mil toneladas de cobre el último de los años 60 y en toda esa década
las empresas norteamericanas se llevaron fuera del país una cantidad superior
a los 10 mil millones de dólares, más que el valor total del patrimonio nacional
de ese entonces.7
Así pues, los antiguos propietarios de las minas se llevaban la tajada del
león, cientos de millones de dólares y a veces más de mil millones al año, por
concepto de utilidades.
Más aún, las grandes empresas cupreras, la Anaconda, la Kennecott y la
Bramen, manipulaban a sus anchas los precios en contra de los intereses chile-
nos. En los años de la segunda guerra mundial se las arreglaron para mantener
en 11,5 centavos de dólar la libra de cobre, con una pérdida de 500 millones de
dólares para el Estado. Durante la guerra de Corea lo mantuvieron en 24,5 cen-
tavos, con una pérdida para Chile que se calcula entre 200 a 300 millones de
dólares y durante la guerra de Vietnam le entregaron a Estados Unidos, como
reserva estratégica, 90 mil toneladas de cobre a 36 centavos la libra en circuns-
tancias que en la Bolsa de Londres se cotizaba entonces a 60 centavos, lo que
significó otra pérdida para Chile superior a 50 millones de dólares.
La nacionalización de las grandes minas de cobre puso fin por varios
años al saqueo imperialista de nuestra principal riqueza y contribuyó con millo-
nes de dólares a financiar los gastos del Estado. En el artículo de José Cademártori,
publicado por El Siglo en una de sus ediciones del mes de julio del 2001, se dice
que gracias a la nacionalización del cobre han ingresado, "hasta nuestros días,"
al presupuesto público, más de 24 mil millones de dólares, suma de dinero que
habría sido muy superior de haber permanecido en manos de CODELCO toda
la explotación de la gran minería del cobre.
Salvador Allende decía, con toda propiedad, que el cobre era el sueldo
de Chile.
¡Antes ni después de Allende, nunca un gobierno chileno enfrentó de tal
manera el poder del imperialismo, de los grandes terratenientes, de los banque-
ros y de los monopolios industriales y de servicios!
