Los grandes monopolios del cobre y el gobierno de Richard Nixon no se
resignaron a acatar la decisión soberana que tomaba nuestro país de recuperar
su principal riqueza extractiva. La Kennecott demandó ante los tribunales de
Francia y Holanda el embargo de los cargamentos de cobre chileno que iban a
esos países y el gobierno de Washington se propuso obstaculizar por todos los
medios la marcha del gobierno de Allende.
Dice Orlando Millas en la página 83 de sus memorias: "Por medio de mani-
pulaciones de los mercados y con ingentes recursos organizó una operación de
desestabilización del precio del cobre a fin de asfixiar a Chile. En una coyuntura
internacional de aumento de los precios de la mayoría de las materias primas, el
cobre se vino abajo. La cotización de 64 centavos de dólares por libra de cobre bajó a
49 centavos en 1971 y 1972, volviendo a elevarse sólo en 1973, lo que implicó una
pérdida total para el país de 550 millones de dólares. Cuando en el primer trimestre
de 1973 el cobre logró conseguir mejor precio, de inmediato el gobierno de EEUU
anunció la venta de sus reservas estratégicas para echarlo abajo".
A la semana siguiente de que Salvador Allende asumiera la primera ma-
gistratura de la Nación, el Presidente Nixon declaró que las relaciones de Estados
Unidos con Chile serían las que Chile desease mantener con su país. Faltó a su
palabra. El Gobierno Popular se preocupó de mantener buenas relaciones con
Estados Unidos y con todos los países, relaciones en pie de igualdad y de respe-
to mutuo. No aconteció lo mismo de la otra parte.
Nixon sentenció con brutalidad y desparpajo: "hay que hacer reventar la
economía chilena". La orden de William Broe, jefe de división del hemisferio
occidental de la CIA, dada el 28 de septiembre de 1970, fue la de "provocar el
colapso económico". Por esos mismos días, la ITT se pronunciaba por organizar
"un deterioro acelerado de la economía de Chile" para desencadenar enseguida
"una ola de violencia de la cual resulte un golpe militar".
El gobierno de Nixon dispuso la suspensión de los créditos por parte de
los dos organismos financieros que dependen directamente del gobierno de Was-
hington, la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID) y el Banco de Importación
y Exportación, EXIMBANK. El presidente del Eximbank, Mr. Henry Kearns, le
comunicó abiertamente a nuestro embajador, Orlando Letelier, que no habría
créditos para que la Línea Aérea Nacional, LAN (que entonces era verdadera-
mente nacional), comprara tres aviones Boeing mientras Chile no asegurase la
debida indemnización a las compañías norteamericanas. Chile repudió la con-
ducta del EXIMBANK. La condenaron expresamente todos los partidos políticos,
la Central Única de Trabajadores, las Federaciones de Estudiantes y la Sociedad
de Fomento Fabril, SOFOFA.
La Comisión o Comité 40, como también se le llamaba, aprobó un total de
más de 7 millones de dólares en apoyo secreto a grupos de oposición en Chile8
.
La CIA dispuso de cuantiosos recursos para generar propaganda contra
Allende. Financió diarios y periódicos, programas de radio, postales y prensa
clandestina. Financió a la organización fascista Patria y Libertad.
La dictadura de Pinochet no desnacionalizó CODELCO, pues buena parte
de los militares estaba porque siguiera siendo propiedad nacional. Sin embargo, le
abrió las puertas al gran capital financiero extranjero para explotar otros yacimien-
tos cupreros. Lo hizo de manera sibilina. Por una parte, dejó en pie la disposición
constitucional según la cual "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, ina-
lienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las
covaderas, las áreas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarbu-
ros y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arenas superficiales" y, a la
vez introdujo en el mismo artículo de la Constitución una disposición que de hecho
niega la anterior al afirmar que: "La exploración o el beneficio de los yacimientos
que contengan substancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directa-
mente por el Estado o por medio de concesiones administrativas o de contratos
especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente
de la República fije, para cada caso, por decreto supremo". Y haciendo caso omiso
delinterés del país, a las empresas nacionalizadas les pagó -mejor dicho les regaló-
una indemnización por más de 500 millones de dólares y modificó la ley de nacio-
nalización estableciendo que el 10% de las ventas brutas del cobre irían a parar a las
Fuerzas Armadas como fondos reservados, obligación que no rige para las nuevas
compañías y ha cumplido solamente CODELCO.
Para remate, a comienzos de 1992, durante el gobierno de Patricio Aylwin,
fue aprobada una ley que les ha permitido a grandes empresas extranjeras aso-
ciarse a CODELCO en la explotación de nuevos minerales, a tal punto que hoy
más del 60% de la producción cuprera está en manos privadas y solo alrededor de
un tercio la tiene el Estado.
De este modo, la dictadura y los tres gobiernos de la Concertación que le
han sucedido pasaron por encima de la ley aprobada en 1971 por la unanimidad
del Parlamento y son responsables de una serie de hechos contrarios a los intere-
ses de todos los chilenos. Concretamente, son responsables de los siguientes tres
mayúsculos delitos contra el interés nacional: 1) Haber entregado al capital ex-
tranjero yacimientos mineros que contienen no menos de 10 millones de toneladas
de cobre fino cuyo valor es superior a los 150 mil millones de dólares; 2) Favorecer
a las empresas multinacionales con exenciones de impuestos y ventajas tributarias
que no rigen para CODELCO, y 3) Permitir que dichas empresas exporten fabulo-
sas cantidades de cobre concentrado, sin refinar, que de elaborarse en el país
generaría más trabajo y en los últimos 10 años el ingreso de divisas habría
aumentado en alrededor de 5 mil millones de dólares.
José Cademártori dice, al efecto, en el artículo antes citado, que en 1996,
por cada tonelada producida, CODELCO aportó a la caja fiscal 515 dólares y La
Escondida sólo 295 dólares. Las demás compañías aportaron mucho menos y
en el caso de la transnacional Exxon que explotaba "La Disputada", no aportó
nada. Para mostrar las consecuencias antinacionales de la privatización lleva-
da a cabo en el último decenio, se expresa en el artículo que mientras en 1989,
cuando todavía las compañías foráneas no estaban operando, el Estado chileno
recibió en ingresos el equivalente al 50% del valor del cobre exportado, con un
volumen físico de un millón quinientas mil toneladas y que diez años después,
en 1999, cuando la exportación había llegado a 4,3 millones de toneladas, el
Estado ya no recibió el 50% del valor exportado, como diez años antes, sino
apenas el 5% a causa de la privatización de nuestros yacimientos. Y en el año en
curso, el 2003, de 47 empresas cupreras que hoy funcionan en el país, sólo dos
pagan impuestos. Las voces del senador Jorge Lavandero, del médico Edgardo
Condesa, de los economistas Orlando Caputo y Hugo Fazio y de muchos otros,
vienen denunciando este escándalo desde hace varios años. Son miles y miles
los chilenos que las han escuchado y acogido, firmando demandas colectivas,
realizando pequeñas reuniones para hacer conciencia del problema. Pero los
que pueden y deben terminar con el robo de nuestra principal riqueza están
sordos y los medios de comunicación, ciegos. La TV se encarga, en especial, de
desviar la atención de la gente, dedicando gran parte del tiempo a tratar de
entretenerla con tonterías.
El Gobierno Popular nacionalizó la Sociedad Química y Minera
(SOQUIMICH), propietaria de los minerales de salitre de "Pedro Valdivia" y "María
Elena", mediante la compra del 63% de sus acciones que estaba en poder de norte-
americanos. El restante 37% de las acciones ya eran de propiedad del Estado chileno.
SOQUIMICH, además de salitre, producía yodo y sulfato de sodio. La oficina "Vic-
toria", también pasó a manos del Estado. En manos estatales, la producción de
salitre aumentó en 1971 en un 23% con respecto al año anterior, la de yodo fue
superior en un 12% y la del sulfato de sodio en un 43%.
Los minerales de hierro de "El Romeral", que eran de propiedad de la
empresa norteamericana Bethlehem Steel Corporation fueron nacionalizados,
igual que los anteriores, mediante la compra de acciones a través de la Compa-
ñía de Acero del Pacífico, CAP. El mismo procedimiento se usó para la
estatización del carbón y la compra del 51 % de las acciones de INDAP y de
ARMCO que producía, esta última empresa, bolas para molienda de minerales
de la gran minería.
Del mismo modo, las minas de "Cemento El Melón" y las de carbón de
Lota y coronel fueron estatizadas.
De manera similar fueron estatizadas las firmas que se dedicaban al co-
mercio al por mayor de importación y distribución Williamson Balfour, Gibbs,
Duncan FOX y Agencias Graham, la mayoría con capital inglés.
Todo esto permitió, junto a la nacionalización del cobre y otras medidas,
que el Estado también tomara en sus manos casi todo el comercio de exportación
e importación, más concretamente, el 90% de las exportaciones y el 60% de las
importaciones, además de la distribución interna de bienes de consumo.
