PresentaciónTras dos cuatrienios en la oposición, el Partido Nuevo Progresista (PNP, favorable a la incorporación a Estados Unidos), de la mano de Luis Fortuño, regresó al Gobierno de Puerto Rico en las elecciones de 2008, que supusieron la derrota del gobernador reeleccionista, Aníbal Acevedo, del Partido Popular Democrático (PPD, partidario de mantener el Estado Libre Asociado). Anteriormente comisionado residente en Washington, Fortuño, al poco de asumir como gobernador en enero de 2009, lanzó un ambicioso plan de reconstrucción para enfrentar la peor crisis económica y fiscal que ha conocido este territorio semiindependiente desde la Gran Depresión del pasado siglo.
(Texto actualizado hasta septiembre 2009)
Biografía
Hijo de dentista y el mayor de cuatro hermanos, recibió la formación escolar en el Colegio Marista de Guaynabo, al sur de San Juan, y la Escuela Edmund A. Walsh de Servicio Exterior (SFS) de la Universidad de Georgetown en Washington D. C., por la que recibió un Bachelor of Science in Foreign Service en 1982. A continuación, inició la carrera de Derecho en la Universidad de Virginia y en 1985 se licenció con el título de Juris Doctor.
Mientras asistió a las aulas en el continente, el joven estuvo activo en los ambientes políticos del Partido Republicano y favorables a la plena integración de Puerto Rico -desde 1952, Estado Libre Asociado (ELA), en régimen de soberanía limitada- en los Estados Unidos como un estado federado más, opción que en casa defendía el conservador Partido Nuevo Progresista (PNP). En 1980 cofundó la Puerto Rico Statehood Students Association (PRSSA), que presidió hasta 1981, y se implicó en la campaña reeleccionista del gobernador del PNP, Carlos Antonio Romero Barceló. Más tarde, adquirió práctica profesional como interno en la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), agencia pública que representa al Gobierno puertorriqueño ante el Gobierno federal y los gobiernos estatales. Una vez instalado en Puerto Rico, contrató con el prestigioso bufete de abogados McConnell Valdés, con sede en Hato Rey.
La llegada al poder a comienzos de 1993 de la Administración progresista de , un partidario preclaro de la incorporación a Estados Unidos, catapultó al abogado al servicio público como director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y presidente de la Corporación para el Desarrollo Hotelero (CDH), en lo sucesivo subsidiaria de la anterior. Al cabo de año y medio, en julio de 1994, Rosselló le puso al frente del nuevo Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), organismo concebido por el Gobierno para concretar las estrategias y coordinar la ejecución de los distintos aspectos de su Nuevo Modelo Económico, que apostaba por el turismo como primera industria del país, la privatización parcial del sector público, la desregulación general de la economía y la desgravación fiscal de las empresas con los objetivos de atraer inversiones y estimular los negocios. El DDEC supervisaba el trabajo de siete agencias, entre ellas la CTPR.
Fortuño no renovó como secretario del DDEC y director de la CTPR tras constituir Rosselló su segundo Gobierno en enero de 1997 y regresó a la práctica privada legal como el quinto socio de una firma de abogados de San Juan especializada en derecho mercantil. La sociedad pasó a llamarse Correa, Collazo, Herrero, Jiménez & Fortuño. Tras el anuncio por Rosselló en junio de 1999 de que no aspiraba a la segunda reelección (permitida por la Constitución) en noviembre de 2000, el nombre de Fortuño fue señalado como un precandidato en potencia del PNP. Pero el abogado no movió ficha política y su partido se decantó por la candidatura del secretario de Transportes y Obras Públicas del Gobierno, Carlos Ignacio Pesquera Morales, a la sazón nuevo presidente de los progresistas, quien luego fue derrotado en las urnas por la postulante del opositor Partido Popular Democrático (PPD, liberal y defensor de la continuidad del ELA), . Por el momento, Fortuño se mostraba más activo en el Partido Republicano que en el PNP; en 2001, el capítulo puertorriqueño de la primera formación le eligió su National Committeeman.
En 2003 Fortuño, con el respaldo especial de Ed Gillespie, presidente del Comité Nacional Republicano, se decidió a buscar la nominación del PNP para el cargo de comisionado residente en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, el segundo mandato electoral de más peso en Puerto Rico, que se somete al voto directo de los ciudadanos compartiendo papeleta con el aspirante a gobernador, aunque se trata de candidaturas autónomas. En su caso, su compañero de fórmula era Rosselló, que en su paréntesis de cuatro años planteó el envite del tercer mandato.
Luego de imponerse en las primarias progresistas con el 61,3% de los votos al ex gobernador Romero Barceló y a los senadores Charlie Rodríguez y Miriam Ramírez de Ferrer, el abogado venció asimismo a su contrincante del PPD, el senador Roberto Prats Palerm, en la elección nacional del 2 de noviembre de 2004. Con el 48,5% de los votos, Fortuño se proclamó comisionado residente, pero en la elección a gobernador Rosselló perdió, por menos de 4.000 votos, ante , quien era el comisionado residente saliente. La dispar fortuna de la fórmula progresista supuso que, por primera vez desde la creación del ELA, el gobernador y el comisionado residente no serían del mismo partido.
El 3 de enero de 2005 Fortuño tomó posesión de su despacho en el Longworth House Office Building de Washington. En su ejercicio de cuatro años, el representante puertorriqueño, que podía trabajar con plenitud de derechos en las comisiones de la Cámara aunque no votar en la sesiones plenarias, obtuvo la cantidad récord de 835 millones de dólares en asignaciones legislativas para proyectos de infraestructura en la isla, según se indica en su biografía oficial. En 2007 fue corredactor de la proposición de ley Puerto Rico Democracy Act, nunca aprobada, que regulaba la celebración el último día de 2009 de un referéndum en el que los puertorriqueños podrían pronunciarse sobre si mantener el ELA o bien negociar un nuevo estatus; en caso de ganar la segunda opción, antes de dos años tendría que celebrarse un segundo referéndum que decidiría entre la estadidad (la incorporación a la Unión) y la "soberanía", entendida esta tanto como la "plena independencia" como una "libre asociación" con Estados Unidos. Por supuesto, Fortuño prefería la opción anexionista.
El puesto de comisionado residente era un excedente trampolín para llegar al de gobernador, y Fortuño no lo desaprovechó. El 19 de febrero de 2007, en un acto público en Puerto Rico y al socaire de unos sondeos de valoración de líderes muy favorables a su persona, el abogado destapó su aspiración para las elecciones de 2008. En mayo, presentó a Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, antiguo compañero del colegio así como colega profesional y colega gubernamental en la primera Administración de Rosselló (y afiliado, no a los republicanos, sino a los demócratas de Estados Unidos), como su acompañante de boleta para comisionado residente.
En la primaria progresista del 9 de marzo de 2008 Fortuño disputó la nominación a su antiguo patrocinador político, Rosselló, presidente del partido desde 2003 y protagonista, siendo senador, de varias polémicas, como la imputación de haber falsificado documentos en el intento de obtener una generosa pensión del Estado y la participación en una protesta contra el "colonialismo" estadounidense en la isla. Al cabo de una dura campaña, en la que tachó a su contrincante de "cáncer" dentro del PNP por el legado de corrupción dejado por figuras políticas de su Administración, Fortuño venció con el 59% de los votos. La proclamación de la candidatura a gobernador llevó implícita la asunción de la presidencia del PNP. Tras esta nueva decepción, Rosselló anunció su retirada de la política.
La cuestión de la honestidad resultó decisiva en la campaña de las elecciones generales del 4 de noviembre de 2008, a las que Acevedo se empeñó en concurrir pese a haberle imputado la justicia federal de Estados Unidos, a raíz de una investigación del Departamento de Justicia y el FBI, un rosario de cargos criminales por presunta financiación ilegal de sus pasadas campañas electorales y otros supuestos de corrupción, fraude y abuso de poder. El titular reeleccionista hacía frente a un juicio que tendría lugar tras las elecciones y en el que se jugaba, si era declarado culpable, una condena carcelaria. Por si fuera poco, el balance gubernamental de Acevedo se presentaba sumamente oscurecido por los grandes apuros fiscales y económicos. La economía estaba sumida en una recesión muy profunda desde hacía dos años (2007 cerró con un crecimiento negativo del -1,9% del PIB y en 2008 la contracción iba a ser del -2,5%) y el déficit ahogaba al erario público, viéndose obligado el Gobierno a tomar préstamos de urgencia para pagar los salarios de los funcionarios, gravar el consumo y subir las tasas del agua y la electricidad.
Acevedo era un gobernador con la popularidad mermada y bajo sospecha de corrupto, lo que facilitaba el esfuerzo electoral de su adversario. Sin sorpresa, Fortuño le ganó con el 52,7% de los votos. La ventaja del progresista sobre el demócrata, de once puntos porcentuales (en términos absolutos, 225.000 votos), era la más abultada desde 1964. En la elección a comisionado residente, Pierluisi se impuso con guarismos muy parecidos a su oponente del PPD, Alfredo Salazar. En las legislativas, el PNP obtuvo una mayoría aplastante al hacerse con 22 de los 27 senadores y 37 de los 51 representantes, cuotas que mejoraban la ya holgada mayoría sacada en 2004. En resumidas cuentas, con Fortuño de la mano, el PNP anotaba los mejores resultados presidenciales y legislativos de su historia.
El 2 de enero de 2009 Fortuño, a los 48 años, prestó juramento como el noveno gobernador del ELA con las promesas de adoptar las medidas necesarias para atajar los problemas financieros, empezando por una drástica reducción del gasto público, sacar al país de la aguda crisis económica que comprometía su futuro y hacer más que su predecesor en la lucha contra la criminalidad común y la violencia social. En los dos primeros frentes ya contaba con el compromiso del presidente electo de Estados Unidos, el demócrata , de apoyar adecuadamente a la economía boricua. En efecto, Obama había manifestado que Puerto Rico sería "parte integral" del nuevo paquete de estímulo económico que su Administración planeaba aplicar y que la isla recibiría un trato equitativo en los programas federales de salud e incentivo de la creación de empleo. San Juan esperaba recibir 5.000 millones de dólares del próximo plan de estímulo económico federal.
El 3 de marzo, en un mensaje televisado al país, Fortuño, tras reconocer que el Gobierno estaba en "bancarrota" y en "quiebra", y recordar que en sus dos primeros meses de mandato ya había ordenado una reducción del 10% en los gastos operacionales del Gobierno y la eliminación de un 30% de los puestos de confianza, anunció su Plan de Reconstrucción y Estabilización, que se fijaba el objetivo de ahorrar anualmente 2.000 millones de dólares en los gastos corrientes del Gobierno, cantidad que representaba dos terceras partes del déficit fiscal de 3.200 millones. Semejante esfuerzo de austeridad pasaba inexcusablemente por el recorte de la nómina de funcionarios. El temor a la eliminación de hasta una décima parte de los 300.000 empleos del sector público (Fortuño mencionó textualmente la cifra de 30.000 posibles despidos) y la aprobación de las primeras disposiciones legislativas para aplicar el Plan de Reconstrucción movilizaron enérgicamente a los sindicatos, que hicieron su primera demostración de fuerza en la fiesta del Primero de Mayo.
El 9 de marzo, una vez aprobadas por las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, el gobernador firmó y convirtió en ley tres medidas que daban vigencia al plan anticrisis: la Ley para Implantar la Ley Federal de Estímulo Económico, que designaba a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) como la entidad encargada de canalizar los fondos adjudicados a Puerto Rico por el Plan de Estímulo Económico Federal; la Ley del Plan de Estímulo Económico Criollo (PEC), complementaria de la anterior, por la que el Gobierno inyectaba 500 millones de dólares con recursos propios para el desarrollo de proyectos de infraestructura; y la controvertida Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico (LESEF, o Ley 7), que imponía toda una gama de nuevos impuestos y arbitrios más un plan de reducción de la nómina pública consistente en "renuncias voluntarias incentivadas", reducciones de la jornada laboral y, en una segunda fase, de resultar insuficientes las anteriores medidas, "cesantías" con carácter masivo.
En junio salió adelante la Ley de Alianzas Público Privadas, destinada a favorecer la actividad empresarial generadora de empleos. Mientras las organizaciones de trabajadores se mantenían en pie de guerra contra el Gobierno y ya barajaban una huelga general, los indicadores económicos y sociales aceleraban su funesta evolución. El paro rondaba el 12% y las previsiones apuntaban a una contracción del PIB superior al 3% en 2009, tasa alarmante que hizo preguntarse a los analistas si Puerto Rico no estaría sumido, más que en una recesión coyuntural, en una depresión de tipo estructural.
El gobernador de Puerto Rico está casado con la abogada y notario Lucé Vela Gutiérrez, y es padre de trillizos, María Luisa, Guillermo, y Luis Roberto, nacidos en 1991
