El éxito de Dehesa en el desarrollo de Veracruz se debió en parte a sus habilidades como administrador y en parte a su amistad con el presidente. Esta conexión, forjada durante las revueltas de La Noria y de Tuxtepec, fue una parte esencial del sistema conocido como Porfiriato. Para llevar a
buen término la modernización de México, Díaz ingeniosamente utilizó los ideales del federalismo para obtener poder, permitiendo a los estados
considerable libertad para maniobrar siempre que estas acciones correspondieran a la trayectoria general del crecimiento económico bajo el sistema capitalista.38 Por otro lado, la consolidación y retención del poder en manos del presidente fue llevada a cabo a través del habilidoso empleo de
una serie de técnicas políticas manipuladoras.
En primer lugar, Díaz casi siempre tuvo a sus compinches militares elegidos como gobernadores y jefe políticos para supervisar la operación
de varios estados.39 Adiestrados para llevar a cabo órdenes, estos hombres estaban más inclinados a imponer la voluntad del presidente de lo que lo
harían los civiles. En segundo lugar, el poder estaba concentrado a nivel federal, específicamente en la persona del presidente, quien vigiló toda
actividad gubernamental. En tercer lugar, Díaz se rodeó a sí mismo con miembros cercanos de su propia familia, siempre que fue posible, y con amigos íntimos para asegurarse de que sería obedecido y de que los complots y revueltas incipientes serían descubiertas antes de que rindiesen resultados. Una cuarta táctica fue el hábil uso del concepto divide e impera, bajo
el cual los grupos rivales eran puestos unos contra otros, de manera que ningún grupo jamás pareció poder disfrutar de manera total e irrevocable
del favor del presidente. Wells y Joseph han proveído un retrato compilatorio del uso de la rivalidad de la elite al interior del estado y las políticas
de “camarilla” en Yucatán, aunque esta táctica no fue usada dentro de todos los estados.40
En otros estados, tales como Veracruz, el régimen fue construido alrededor del apoyo incondicional que Díaz dio a sus gobernadores, y a cambio del cual ellos lo apoyaron.41 Aun en los casos en que Díaz tuvo que contradecir la posición de un gobernador, esto fue hecho sin la remoción de dicho gobernador, como en el caso del impopular Carlos Díez Gutiérrez de San Luis Potosí. Por su parte, los gobernadores hicieron lo mismo con respecto a las instituciones y oficinas estatales, nominando a los miembros
para los puestos legislativos, judiciales y municipales. Al mismo tiempo, se les hacía responsables por cualquier “violación” a las leyes constitucionales y federales que ocurriese en sus estados.42 En términos prácticos, esta medi-
da les dio la oportunidad de centralizar todo el poder del estado en sus manos. De esta manera, Díaz permitió la creación de una serie de maquinarias políticas estatales, las cuales eran completamente dependientes de él y se les tenía permitido mantenerse a sí mismas mientras guardaran el orden.
En otras palabras, el federalismo que hasta ahora había sido definido e incorporado en la Constitución de 1857 existía no sólo de nombre, sino frecuentemente en la práctica hasta cierto grado.
Los gobernadores casi nunca pusieron en práctica ningún tipo de política independiente durante el régimen de Díaz. Sin embargo, fue posible para las personalidades fuertes, tales como los gobernadores Bernardo Reyes en Monterrey y Dehesa en Veracruz, quienes eran genuinamente populares en sus estados, imprimir su propio estilo e ideas sobre su particular esfera de poder. El país se apresuró a responder con aprobación a los
gobernadores, quienes en verdad tomaron sus mandos seriamente y con integridad, como fue el caso de Dehesa. Aclamando a un buen gobernador,
después de todo, era una manera de sacudirse la estricta e implacable censura de la prensa. Algunos periódicos como La Patria y El Diario del Hogar,
de la ciudad de México, exacerbaron la crítica, pero pagaron el precio.43
El otro importante baluarte del régimen fue el jefe político como cabeza de cada cantón.44 El origen de este puesto ha sido rastreado en los primeros años del siglo XIX, cuando los liberales, ansiosos de fortalecer el gobierno local contra las intrusiones del poder central, dispusieron de representantes locales elegidos por el gobernador. Desde 1887, el gobernador usualmente elegía al individuo después de consultar con el presidente. Díaz, sin embargo, cambió completamente el papel de estas personas designadas: pasaron de ser los guardias en contra de la pesada mano del gobierno central, a volverse los representantes locales de éste, con roles parecidos al del intendente en Francia, España y Nueva España.
Eran responsables ante los gobernadores, aunque se esperaba que reportaran directamente al presidente, y así lo hicieron en muchas ocasiones.
Les fue concedido el poder ejecutivo en sus cantones y el poder judicial en ciertos casos. También tenían el control de los rurales, así como de la
gendarmería del estado. El jefe político fue definitivamente “el hombre importante” durante el Porfiriato, pues aseguraba que los candidatos elegidos por el gobernador ganaran las elecciones locales y que los deseos del presidente y del gobernador se llevaran a cabo.45
Fue por estas amplias facultades que los jefes políticos tuvieron que ser vigilados de cerca tanto por el presidente como por el gobernador.
Numerosas fueron las ocasiones en las cuales los ciudadanos, por una razón u otra, se quejaban con el presidente acerca de uno de estos oficiales, instigando a que se iniciara una investigación por parte del gobernador. Dehesa, no obstante, conocía a sus hombres. También se tomó la molestia de investigar sobre aquéllos que el presidente le pedía designar, y con frecuencia rechazó tajantemente las acusaciones del presidente contra
quienes eran blanco de viciosas calumnias por parte de las amistades de Díaz. Por ejemplo, en 1908 varios ciudadanos del cantón de Jalacingo,
Veracruz, se quejaron con el presidente de la crueldad de su jefe político,
su rigidez y arbitrariedades, y su imposición de pesadas multas y encarcelamiento de ciudadanos. La respuesta de Dehesa fue que esos cargos eran “completamente falsos” y que la verdadera razón de la queja era que el individuo en cuestión estaba protegiendo a los indígenas de la explotación
por abogados sin escrúpulos (tinterillos).46
