En 1901, el artículo 27 de la Constitución Mexicana fue enmendado para permitir la existencia de la propiedad comunal. Esto se dio probablemente demasiado tarde para ser de mucha ayuda. En Veracruz, gran parte del daño a las comunidades indígenas y rurales ya había ocurrido desde
1892. La división de las tierras comunales casi había sido completada en la porción central y sur del estado. Bajo el gobernador anterior, Enríquez, la
mayoría de la distribución agraria casi había sido llevada a cabo. Dehesa conscientemente negoció lo que faltaba. Poco después de que Dehesa ocupó
su puesto como gobernador en 1892, el presidente Díaz envió un agente a Veracruz en una misión secreta, concerniente a la disposición de las tierras
indígenas. El gobernador interino, Herrera, comunicó la misión del agente y más tarde fue obligado a buscar la ayuda de Dehesa para dar a conocer su reporte al presidente. Dijo que había sido espiado en cada movimiento y, por lo mismo, impedido de llevar a cabo las investigaciones relativas al categórico robo de tierras indígenas por diversos ciudadanos de Huamantla. La cuestión agraria ahí estuvo tan cargada de dificultades y con la oposición de varios locales, que el gobernador tuvo que mantener una extrema vigilancia.
Dehesa intentó que el trabajo de deslindamiento se llevara a cabo por gente que fuera diplomática, honesta y completamente confiable. Cuando uno de
estos confiables ingenieros fue transferido al Colegio Militar en la ciudad de México, Dehesa opuso una fuerte resistencia hasta que el capitán Luis Ulloa fue regresado al estado. El estudio que Ulloa hizo de varios títulos, explicó Dehesa, era tan complejo que este conocimiento no podía ser transmitido a otro individuo tan fácilmente. Por lo mismo, se le permitió a Ulloa permanecer en Veracruz.96
En 1892, Dehesa le pidió al presidente que suspendiera el trabajo de deslindamiento de una compañía en el cantón de Chicontepec que estaba
señalando tierras supuestamente baldías, aunque era por todos sabido que ya no quedaban tierras públicas en ese cantón. Además, Dehesa explicó,
que él había examinado todos los títulos existentes y los había encontrado en orden. Díaz respondió suspendiendo el trabajo de deslindamiento.97
Los disturbios en Chicontepec, en marzo de 1892, son un buen ejemplo de la complejidad de la cuestión agraria en México, no sólo en su dimensión legal, sino también en consideración de lo difícil de conciliar problemas
cuando amigos o adictos del presidente estaban involucrados. Los disturbios fueron la continuación de los pequeños levantamientos armados otomíes en los estados de Hidalgo y Veracruz, los cuales habían empezado en septiembre anterior. Su líder, Antonio Granada, los había convencido de
que habían perdido la tierra bajo una división reciente y tuvo éxito al liderarlos en una invasión a dos villas veracruzanas en los límites del estado con
Hidalgo. Granada había sido aprehendido y liberado, y estaba nuevamente tratando de levantar a los indígenas. En junio de 1892, Dehesa le escribió al
presidente pidiéndole que usara su influencia con el gobernador de Hidalgo para cuidar los límites del estado con Veracruz y para ayudar en el arresto
de Granada. Además, Dehesa creía que si el gobernador hidalguense reforzaba las fronteras del estado, esto terminaría con cierta disputa entre el propietario de una hacienda y los indígenas que reclamaban sus tierras. La hacienda en cuestión limitaba con la villa de San Pedrito, la cual estaba en el estado de Hidalgo; la línea divisoria entre la hacienda y la villa coincidía con la frontera entre Hidalgo y Veracruz. Propiedad de Julián Herrera, amigo tanto de Dehesa como de Díaz.98
En otra ocasión, cuando se volvió obvio que una compañía deslindadora estaba procediendo con trabajo que era contrario a los deseos de
la gente de la villa de Citlaltepelt, en el cantón de Ozuluama, Dehesa solicitó al presidente que prohibiera a la compañía continuar con su trabajo.
La solicitud fue aceptada. En 1894, una delegación de indígenas de Cosamaloapan se quejó con el presidente acerca de una circular que ordenaba la división y distribución de sus tierras. Díaz pidió a Dehesa que investigara el problema, agregando que en su opinión la tierra debería ser dividida entre las cabezas de familia, lo cual era de cualquier forma la
intención y práctica del gobernador. Dos años después, el presidente Díaz preguntó al gobernador cuál había sido el resultado, porque un ciudadano
le había informado que las tierras del pueblo de Cosamaloapan habían sido expropiadas. Dehesa entonces pagó el viaje de ese individuo a Veracruz, pidiéndole que encontrara los títulos y los presentara. Éstos fueron encontrados y debidamente examinados, y el individuo en cuestión tuvo que disculparse, admitiendo que había errado en sus aseveraciones.99
