Para entender la seriedad de las rebeliones rurales durante el Porfiriato, se debe tener en mente la historia de estas recurrentes rebeliones desde principios del siglo XIX. Los primeros levantamientos fueron las rebeliones indígenas en Veracruz, iniciando con la rebelión de Olarte en 1836. Estos vieron como su principal enemigo la dominación de la política mexicana por el centro en la ciudad de México, aunque sólo las primeras revueltas
documentan esta postura.81 El motivo para subsecuentes revueltas fue la destrucción de la propiedad comunal en el siglo XIX e inicios del XX por las Leyes de Reforma. En agosto de 1865, en Misantla, hubo una revuelta de indígenas totonacas en contra de los mexicanos burlonamente llamados gente de razón, en respuesta al saqueo de tierras comunales así como a la enérgica conversión de estas tierras de propiedad comunal a privada.
El gobierno tuvo entonces que ordenar a las fuerzas armadas “no dejar una semilla de los indígenas totonacas en Misantla”. Los indígenas que
escaparon fueron perseguidos hasta las montañas y rudamente masacrados. Los militares fueron asiduos en la persecución de este fin, reduciendo seriamente el elemento indígena en esta región de Veracruz.82 Levantamientos igualmente significativos ocurrieron algunos años más tarde, en 1891 y 1896, cuando otro grupo totonaca protestó en contra de la pérdida de tierra en Papantla. La fuente de ambos levantamientos había sido la implementación de las Leyes de Reforma aprobadas durante las presidencias de Juárez y Lerdo de Tejada. Pero, como argumenta Emilio Kourí, la cuestión de la tierra era complicada, especialmente en la región de Papantla, y por lo tanto se necesita hacer una lectura más distintiva de las causas detrás de estas revueltas agrarias. No sólo la pura división étnica, sino también el asunto socioeconómico fueron el trasfondo que dio lugar a revueltas posteriores.83 A medida que la viabilidad de producir vainilla
se volvió clara, las fortunas se hicieron tanto entre la gente de razón como entre las comunidades indígenas, produciendo tensiones sociales que se
reflejaron en la creciente demanda por la privatización de tierras.84
No obstante, los levantamientos evidencian el problema, al cambio de siglo, de los intentos por modernizar México. Estas dos disputas agrarías fueron sintomáticas de los problemas generales agrarios durante el Porfiriato. Reflejan la complejidad de la tarea de reconciliar las ideas modernas de desarrollo a fines del siglo XIX con las viejas tradiciones indígenas de México. También reflejan una de las verdades centrales del Porfiriato que nunca se ha tomado en cuenta: que detrás del presidente había una nación de mexicanos determinados a enriquecerse a expensas del ele-
mento indígena, una determinación que el régimen autocrático no pudo contener. Y destacan la necesidad de sofisticación analítica: no fue sólo el
reparto (división y distribución de tierrascomunales), sino la interacción de crecientes presiones comerciales, demográficas, fiscales y políticas
durante este periodo, “que resultaron en seria violencia”.85
El manejo de estos problemas agrarios fue otro problema. Y mostró claramente la aguda diferencia entre los métodos y las políticas del gobernador Dehesa, y a veces del mismo presidente Díaz, en contra del grupo conocido como los Científicos. Aquí fueron reflejados, nuevamente, los problemas no sólo del control político sino la manera en la cual el
desarrollo era percibido. Este problema no fue uno de los fines perseguidos, sino uno de los medios. Mientras que Dehesa creía que el México
moderno necesitaba propiedad privada y pequeños agricultores como la base para su prosperidad, e intentó pacientemente explicar esto a los indígenas, los Científicos querían proceder tan rápidamente como fuera posible. Éstos últimos tenían dos razones: querían acelerar el proceso de modernización, y no se preocuparon por ver a los indígenas estafados por
sus tierras. En sus mentes, los indígenas eran un elemento estorboso.
Dehesa estaba al tanto de esto y por lo mismo intentó proceder lentamente, en un intento de explicar a los indígenas los beneficios de la propiedad privada y también para asegurar que los títulos correctos fueran emitidos de manera que no perdieran sus parcelas individuales. Su intento por proceder de esta manera se atestigua por el hecho de que las leyes estatales que dictaban la conversión comunal a privada fueron pospuestas cada año hasta la Revolución.
La completa cuestión agraria durante el Porfiriato fue el tema de interminables debates, y el asunto aún no se arregla. Hay un acuerdo general de que las Leyes de Reforma, y en particular la Ley Lerdo de junio de 1856, tuvieron la consecuencia de transferir las tierras comunales indígenas de todo México a individuos privados, siendo indígenas mismos algunos de los receptores. Sin embargo, todavía no hay un acuerdo sobre cuanta tierra fue retenida por los grupos indígenas. Ni tampoco se ha clarificado el papel del presidente. Éste ha sido invariablemente descrito como el agente en jefe detrás del despojo de tierras y también como el protector de la propiedad
indígena. La verdad está probablemente más cercana a la afirmación de Steven de que Díaz, quien era un respetuoso de los derechos de propiedad,
no deseaba privar a los indígenas de sus tierras, sino que estaba limitado en su poder para evitar que sus más ambiciosos compatriotas lo hicieran.86
