El derecho a obtener reparación
Es un elemento esencial del derecho a un recurso efectivo. En los casos en que el Estado es responsable de una violación de los derechos humanos debido a sus acciones u omisiones, tiene la obligación de proporcionar a las víctimas una reparación adecuada, efectiva y rápida. De hecho, cuando esta reparación no se concede, "la obligación de proporcionar un recurso efectivo (...) no se cumple"8. Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones establecen las siguientes formas de reparación.
La rehabilitación
Incluye las medidas legales, médicas, psicológicas y sociales para ayudar a las víctimas a recuperarse (por ejemplo, estableciendo centros de rehabilitación de las torturas).
La indemnización
Hace referencia al resarcimiento de daños económicos o de otra índole, incluido el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades (por ejemplo, de empleo, educación y prestaciones sociales), los daños materiales, la pérdida de ingresos o el lucro cesante, y los perjuicios morales.
La satisfacción
Hace referencia a las disculpas públicas, la aceptación de responsabilidades, las conmemoraciones y homenajes a las víctimas, la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad cuando sea posible y adecuado, una declaración oficial o decisión judicial, la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los autores de las violaciones manifiestas de los derechos humanos, la búsqueda de las personas desaparecidas, la identificación y nueva inhumación de los cadáveres según el deseo de la víctima y los familiares, y la inclusión de una exposición precisa de las violaciones manifiestas de los derechos humanos en el material didáctico a todos los niveles.
Las garantías de no repetición
Comprenden medidas que contribuyan a la prevención de futuras violaciones de los derechos humanos. Estas pueden incluir las reformas legislativas e institucionales (por ejemplo, para fortalecer la independencia del poder judicial), los programas que revisan la integridad e idoneidad de los individuos para ejercer cargos públicos, y los esfuerzos por mejorar la observancia de los códigos de conducta por los funcionarios públicos.
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En algunos países la legislación otorga capacidad a los tribunales nacionales para resolver en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
