A finales de la década de los 90 hicieron su aparición en distintas ciudades de la Argentina los denominados 'Juicios por la Verdad'. En el marco de las audiencias los familiares y sobrevivientes denunciaron la magnitud de la represión y la participación civil en el terrorismo de Estado; distintos miembros de la Fuerzas Armadas se vieron obligados a concurrir a estrados judiciales a brindar testimonio. Por estos motivos, desde un comienzo, estos 'juicios' generaron fuertes conflictos y disputas políticas principalmente entre el Estado, el movimiento de derechos humanos y otros actores sociales interesados en promover u obturar una revisión judicial del pasado dictatorial
En los años 90 del siglo pasado hicieron su aparición en distintas ciudades de Argentina los denominados Juicios por la Verdad.
Impulsados por organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes y fa miliares de víctimas de terrorismo de Estado, su objetivo principal consistió en esclarecer en el ámbito de la justicia penal los crímenes y las circunstancias de la desaparición forzada de miles de ciudadanos argentinos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.
Estos juicios comenzaron a realizarse en un marco definido de acuerdo a las restricciones impuestas por distintas leyes y decretos sancionados por los diferentes gobiernos post-dictadura (que impedían juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en Argentina), y constituyeron una innovadora modalidad de Justicia transicional3 pues en ningún otro sitio del mundo se habían realizado procesos en el ámbito de la justicia penal únicamente con el objetivo de la búsqueda de la verdad.
Los Juicios por la Verdad constituyen un caso empírico que permite observar al gunos de los dilemas que enfrentó el despliegue de una modalidad de justicia transicional orientada a la reparación desde el ámbito de la justicia penal.
Schapiro, señala que el carácter inédito de estos procesos judiciales está dado en que su objeto se agota en la averiguación de las cuestiones aludidas, o sea, en la fijación judicial de la verdad, aunque no pueda derivarse de ello la imposición de castigo alguno para los sujetos responsables de las acciones punibles. Se trata, en definitiva, de procesos judiciales que 'implican medidas de transición a la justicia.
Mora, para ella a ella, los Juicios por la Verdad se definen por su carácter de 'rituales de la memoria', en tanto implican 'un momento extraordinario de apertura de nuevos sentidos del pa sado que re significan el presente pues al reorganizar los hechos del pasado cambian su significado cotidiano y le otorgan uno nuevo.
Según Centro de Estudios Legales y Sociales , los Juicios por la Verdad fueron una estrategia de litigio con un doble objetivo: por un lado, activar la justicia en la investigación de los crímenes de lesa humanidad y por otro, 'cuestionar las denominadas leyes de impunidad'.
Los juicios presentaron la particularidad de ser los primeros que se realizaron con posterioridad a las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos.
Los antecedentes: De la CONADEP a los Juicios por la Verdad
El gobierno de Alfonsín recurrió a distintos instrumentos de justicia transicional: por un lado, propuso la creación de una 'Comisión por la Verdad', la Comisión Nacional sobre Desaparición de las Personas (CONADEP), la cual funcionó des de marzo de 1984 hasta los primeros meses de 1985, y por otro, impulsó el castigo penal limitado a los principales jefes de las juntas militares durante la dictadura mediante el denominado 'Juicio a las Juntas'. Si la CONADEP logró recopilar numerosa información acerca del secuestro y destino final de los 'desaparecidos' (que se publicó en el informe titulado Nunca más), y estableció un régimen de verdad que dotó de un nuevo sentido al pasado dictatorial, el Juicio a las Juntas logró lo que parecía impensado: la condena a prisión de los máximos jerarcas del régimen militar.
Los caminos jurídicos que abrió el Juicio a las Juntas los organismos de derechos humanos y los familiares de desaparecidos buscaron mediante nuevas presentaciones judiciales tanto ampliar el castigo a un número mayor de militares que participaron en el terrorismo de Estado como conocer la verdad de muchos casos de desapariciones sobre los que aún no poseían información. Por su parte, el actor militar de mostró su rechazo a la ampliación de posibles juicios mediante pronunciamientos y levantamiento militares que generaron una gran inestabilidad política,6 al tiempo que cuestionaba la clave de interpretación de lo acontecido presentada en el informe de la CONADEP. Frente a esta situación el gobierno promovió y logró la sanción de las leyes de Punto Final7 y Obediencia Debida,8 las cuales tenían como objetivo impedir la ampliación de las causas judiciales mas allá de los jerarcas de la dictadura militar y limitar el período para la presentación de nuevas causas. En conjunto estas leyes buscaron poner un fin a la denominada 'cuestión militar.
Un hito en esta estrategia lo constituyó la resolución en la CIDH de la presentación de Aguiar de Lapaco. A modo de un 'efecto Boomerang' (Keck y Sikking 1998) el acuerdo alcanzado entre el Estado argentino y Aguiar de Lapaco en noviembre de 1999 fortaleció el desarrollo de esta modalidad de juicios al plantear el acceso a la verdad como un derecho que asistía a los familiares de las víctimas y que debía estar garantizado por el Estado argentino mediante procesos penales judiciales orientados a tal fin.
