La Declaración de Independencia afirma que "para asegurar esos derechos se establecen gobiernos de los hombres". A la verdad evidente de que los derechos dependen de los gobiernos es preciso agregar un corolario lógico, rico en implicaciones: los derechos cuestan dinero. Es imposible protegerlos o exigirlos sin fondos y apoyo públicos.
Esto es tan cierto para los derechos antiguos como para los nuevos, para los de los estadounidenses antes del New Deal de Franklin Delano Roosevelt como después. Tanto el derecho al bienestar como a la propiedad privada tienen costos públicos. El derecho a la libertad de contratar supone costos, no menos que la atención médica, el derecho a la libertad de expresión o a una vivienda decente. Todos los algo del tesoro público .El "costo de los derechos" es una expresión ricamente ambigua, porque los dos sustantivos que la integran tienen significados múltiples e inevitablemente polémicos.
Para mantener el análisis lo más el costo de los derechos enfocado y –en esa dimensión– lo menos polémico posible, "costos" significará aquí costos incluidos en el presupuesto, mientras que "derechos" se definirá como intereses importantes que pueden ser protegidos de manera confiable por individuos o grupos utilizando instrumentos del gobierno.
o el costo de los derechos es en primera instancia un temadescriptivo, no moral. Los derechos morales sólo tienen costos presupuestarios si su naturaleza y su alcance preciso están estipuladose interpretados políticamente, es decir, sólo si son reconocidos porla ley. Es verdad que el costo de los derechos puede tener importancia moral, porque una teoría de los derechos que nunca descendiera de las alturas de la moral al mundo de los recursos escasos sería penosamente incompleta, incluso desde un punto de vistamoral.
Puesto que "deber implica poder", y la falta de recursos implica no poder, probablemente los teóricos morales deberían prestar más atención a los impuestos y al gasto público de la que suelenconcederles. Y cabe señalar, además, que es imposible explorar porcompleto las dimensiones morales de la protección de los derechos sin considerar la cuestión de la justicia distributiva.
La ausencia de Estado significa ausencia de derechos. En realidad, un derecho legal sólo existe si y cuando tienecostos presupuestarios.
La libertad notiene mucho valor si quienes en apariencia la poseen carecen derecursos para hacer efectivos sus derechos. La libertad de contratar a un abogado no significa mucho si todos los abogados cobranhonorarios, si el Estado no ayuda y si uno no tiene dinero. El derecho a la propiedad privada, parte importante de la libertad, nosignifica mucho si uno carece de recursos para proteger lo queposee y no hay policía disponible. Sólo las libertades que son valiosas en la práctica dan legitimidad a un orden político liberal.
Es preciso reconocer que la calidad y la extensión de la protección de los derechos dependen no sólo de gastos privados sinotambién del gasto público. Como los derechos imponen costos aentes privados tanto como al presupuesto público, necesariamente valen más para unas personas que para otras.
El derecho aelegir su propio abogado defensor sin duda vale más para un individuo rico que para uno pobre. La libertad de prensa es más valiosa para alguien que está en condiciones de comprar docenas deempresas de noticias que para otro que cada noche se tapa conun diario para dormir. Los que tienen dinero para demandar judicialmente a otros obtienen más valor de sus derechos que losque no lo tienen.
Además de los costos presupuestarios, los derechos tienen costos sociales. Por ejemplo, los daños infligidos a individuos particulares por sospechosos liberados a pesar de su propia confesiónpueden ser razonablemente clasificados como costos sociales deun sistema que toma medidas serias para proteger los derechosde los acusados. Por lo tanto, un estudio amplio de los costos delos derechos necesariamente debería prestar bastante atención aesos costos no monetarios.
A diferencia de los costos sociales, por el momento es imposibledejar de lado los "costos (y beneficios) netos". Algunos derechospueden resultar costosos en una primera instancia, pero aumentan la riqueza social imponible en tal medida que es razonableconsiderar que se autofinancian. Un ejemplo obvio es el derechoa la propiedad privada. Otro es el derecho a la educación. Inclusola protección a las mujeres contra la violencia doméstica puedeverse de este modo, en tanto y en cuanto ayude a las otrora esposas maltratadas a reincorporarse a la fuerza de trabajo productiva.
Debería ser evidente que los derechos tienen un costo, pero encambio la idea suena como paradoja, como falta de educación,quizás incluso como amenaza a la preservación de los derechos.Afirmar que un derecho tiene un costo es confesar que tenemosque renunciar a algo a fin de adquirirlo o conservarlo. Ignorar loscostos deja convenientemente fuera del cuadro ciertas concesiones dolorosas.
